Hay fondos internacionales para obras que no se ejecutan desde hace 11 años y advierten por la parálisis de estos recursos

Argentina enfrenta un problema estructural que ningún gobierno reciente, incluido el actual, ha logrado resolver: la demora crónica en la ejecución de préstamos internacionales destinados a obras públicas y programas de desarrollo. Esta situación, que compromete el aprovechamiento de recursos clave, podría agravarse si no se reactiva la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo esencial para auditar los desembolsos de estos fondos.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, encargada de supervisar los informes de la AGN, encendió las alarmas tras detectar que al menos 50 préstamos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata presentan niveles significativos de subejecución. Esta ineficiencia resulta paradójica en un país con necesidades urgentes en infraestructura y desarrollo social.

En una nota dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, la Comisión Mixta, liderada por el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal-foto inferior), expresó su preocupación: “Se observan numerosos casos con demoras de plazos y subejecuciones significativas que conllevan costos financieros por los fondos no ejecutados en tiempo y forma”. Y añadió: “Esto genera un desaprovechamiento de recursos que deberían orientarse al desarrollo económico del país. Es imprescindible que se adopten las medidas

La AGN, encargada de auditar los estados financieros de estos préstamos a pedido de los organismos internacionales, atraviesa una parálisis que amenaza con retrasar aún más los desembolsos. Desde abril de 2025, el organismo opera sin seis de sus siete auditores, cuyos mandatos vencieron, lo que ha dejado decenas de auditorías pendientes. Esta situación, producto de la falta de acuerdo político en el Congreso para designar nuevos auditores, pone en riesgo el flujo de fondos.

Pichetto, ex auditor de la AGN, fue categórico: “El Gobierno ha hecho un esfuerzo por conseguir financiamiento del Banco Mundial, del BID, del Banco de Desarrollo y también de la CAF. Esos fondos pueden ingresar, pueden ser una ayuda al Tesoro y pueden significar apoyo para hacer obras. Si la Auditoría no está constituida y no hay contralor, estos créditos no van a ser otorgados”.

Juan Manuel Olmos, actual presidente de la AGN, y su predecesor, Jesús Rodríguez, también alertaron sobre la gravedad del problema. Rodríguez destacó la confianza que los organismos internacionales depositan en la AGN: “La AGN audita los préstamos internacionales porque los organismos de crédito confían en su rigurosidad más que en las consultoras privadas. Que no haya auditoría de estos préstamos por la situación anómala que atraviesa la AGN es muy riesgoso ya que compromete los desembolsos futuros”.

Cifras que reflejan la ineficiencia

Según datos del Ministerio de Economía, Argentina gestiona 237 operaciones de crédito activas por un total de US$32.912 millones. Sin embargo, un informe de la Comisión Mixta señaló que 47 de estos préstamos están subejecutados, con 19 de ellos mostrando desembolsos inferiores al 50%. Algunos ejemplos críticos incluyen:

• Crédito Fonplata para combatir el Chagas: Aprobado en 2019 por US$30 millones, solo se ejecutó el 19,40% en tres años, retrasando acciones contra la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad.

• Crédito BIRF para educación: Suscrito en 2019 por US$30 millones, busca reducir la deserción escolar y mejorar los sistemas de evaluación, pero su ejecución ha sido mínima.

• Crédito BID para economías regionales: Aprobado en 2014 por US$200 millones, destinado a fortalecer MiPyMEs y cadenas de valor, solo alcanzó un 33,61% de ejecución al cierre previsto en 2019.

• Crédito BIRF para infraestructura de datos: Aprobado en 2023 por US$200 millones, con vencimiento en 2028, lleva apenas un 2,75% ejecutado, comprometiendo avances en la reducción de la brecha digital.

• Crédito CAF para riego: En su primera etapa, de US$40 millones, solo se ejecutó el 7,36%, afectando obras hidráulicas y mejoras en la productividad agrícola.

Costos de la demora

La subejecución de estos préstamos genera costos financieros significativos, como intereses adicionales, y retrasa programas esenciales para sectores vulnerables, como salud, educación y desarrollo productivo. La inactividad de la AGN agrava este escenario, al impedir auditorías que garanticen la continuidad de los desembolsos.

La parálisis de la AGN responde a disputas entre el oficialismo y la oposición por las designaciones de los auditores, un impasse que lleva meses sin resolverse. Esta falta de acuerdo no solo frena el control de los fondos, sino que amenaza con agravar la subejecución de préstamos ya aprobados, limitando el impacto de recursos que podrían impulsar el desarrollo económico y social del país.